domingo, 25 de septiembre de 2016

HISTORIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL PERUANO



CARPE DIEM

Con los alumnos del curso de Historia del Derecho Constitucional Peruano, de la Maestría de Derecho Constitucional, de la Escuela de Post Grado de la Universidad Andina del Cusco.




No tenemos una Constitución histórica, sino una historia en la que en la que se sucedieron varias constituciones.

Cuzco, 9, 10, 11, 23, 24 y 25 de setiembre de 2016


ESPEJISMO


Fernando Murillo Flores

Ví varias películas en las que personas en travesía por el desierto, en sus ansias de encontrar agua para satisfacer su sed, veían a lo lejos un espejismo de agua y cuando se apresuraban en ir a tomarla, sólo se zambullían en arena. A muchos directivos les pasa lo mismo cuando dirigen una organización, ven espejismos y van tras ellos.

Recuerdo que a principio del año pasado (2015), en la organización para la que trabajo, se pensó en la necesidad de crear una segunda Sala Civil en la Corte Superior de Justicia de Cusco, entre tanto ello sucedía se sugirió incluso que la Sala Mixta Descentralizada de La Convención, itinere para hacer parte de su trabajo y, finalmente se propuso convertir una Sala Penal Transitoria en una suerte de Sala Mixta o una Segunda Sala Civil. Desconozco las razones por las que nada de lo propuesto fue realidad, pero lo que sí sé con toda seguridad – hoy más que nunca – es que la razón para hacer semejantes propuestas era un espejismo y quienes fueron tras él sólo se zambulleron en arena.

Ese espejismo era creer que había mucho volumen de trabajo en la Sala Civil al mes de enero de 2015; el espejismo se produjo porque a ese mes se le transfirió el volumen de trabajo que había dejado pendiente la otrora Sala Constitucional y Social, es decir, los procesos constitucionales y contenciosos administrativos (general), generando cierta desesperación, como cuando uno no encuentra agua. Recuerdo haber dicho que si no podían con el trabajo den un paso al costado para dar paso a quienes sí podíamos con él. Ese espejismo hizo que quienes propusieron “soluciones” para afrontar ese aparente problema, sólo lograron zambullirse en arena (Cf. R.A. N° 094-2016-CE-PJ.- Artículo primero).

Nicolás Gómez Dávila – citado por Savater – decía: “no hay peor error que tratar de dar soluciones permanentes a problemas transitorios” (Savater. Fernando. Política de Urgencia. Ariel. 2014. P. 101).

Yo pedí integrar la Sala Civil en dos oportunidades durante el año 2015, la primera en marzo cuando se produjo el retiro del Juez Superior, Sr. Concha Mora y, la segunda, en noviembre cuando se retiró el Juez Superior, Sr. Quispe Alvarez, no se accedió a mi pedido en esas dos oportunidades y mucho menos me dijeron el por qué, si eso no es arbitrariedad no sé qué es lo que sea.

En enero de 2016 se me designó como Presidente de la Sala Civil, sin que yo lo hubiese pedido para esa oportunidad, de modo que esto es una suerte de reflexión y testimonio sobre el espejismo que felizmente nunca vi.

Encontré en enero de 2016, un volumen de trabajo pendiente y programado en vistas de causa hasta el mes de junio, y un total de 171 cuadernos de apelación en copia sin resolver y embalsados. Para tener una idea, el año pasado en la Sala Civil un proceso principal ingresado el mes de diciembre de 2015 se programaba para la vista de la causa en el mes de junio de 2016.

Soy consciente que sólo organizando se hace; por ello solicité a los jueces superiores de la Segunda Sala Laboral, a principios de año, me permitan pedir el traslado del Abogado Elmer Canal Yépez que era Relator de dicha Sala hasta entonces, para que me ayude a organizar la Relatoría de la Sala Civil, se produjo el cambio mediante la Jefatura de Personal, que luego fue desautorizado, pero que finalmente se dio porque quien había sido Relatora de la Sala Civil pidió expresamente asumir la Relatoría de la Segunda Sala Laboral, a ella le doy las gracias. La Secretaría de la Sala Civil que tenía un atraso y embalse (lo podemos demostrar), a la fecha está al día y sin embalse alguno. Gracias a Dios no me equivoque con la primera decisión, pues el resultado ha sido positivo. Veamos en el siguiente cuadro comparativo 2015 – 2016 de la producción de la Sala Civil:


Año
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Total
Meta
2015
93
80
128
118
134
136
242
931
1588 (*)
2016
160
109
227
224
160
187
281
1,348
1400
Dif.
67
29
99
106
26
51
39
417







Este cuadro nos indica que la Sala Civil está, en agosto de 2016, a 52 procesos para lograr la meta de producción de este año: 1400 y, a 240 procesos para igualar su producción del año pasado: 1588 (*), lo que significa que lo que produzca los meses de noviembre y diciembre dejará de tener ese nombre y pasará a ser productividad.

A la fecha, la Sala Civil tiene un Despacho (Relatoría y Secretaría) eficiente y eficaz que coadyuva el trabajo resolutivo de los jueces superiores que la integramos, aunque hayamos tenido que redoblar esfuerzos, razón por la que corresponde reconocer y agradecer el esfuerzo de las Juezas Superiores, Sras. Pinares Silva y Delgado Aybar, y sus correspondientes equipos de trabajo.       

A pesar de todo y a este mes de setiembre de 2016, siempre recuerdo la primera parte de la oración de la serenidad: “Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia; viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez; aceptando las adversidades como un camino hacia la paz

Existen muchas cosas en la Sala Civil que no he podido ni podré cambiar, pues no está en mis posibilidades hacerlo, de modo que serenidad nomás, ello da paz; así tenga el valor, tampoco podré cambiar muchas cosas, las pocas cosas que pude cambiar las cambie y eso marca la diferencia en la producción de la Sala Civil, lo que es objetivo. De modo que alguien me aconsejó, cuando llevé un curso de Gobierno de Personas (2008) que, “si no puedes cambiar toda el área donde trabajas, crea un micro clima laboral y utiliza un paraguas para resguardarlo”, sé que eso implica un encapsulamiento pero así al menos puedo conservar lo poco que pude cambiar y guarecer a mis colaboradores que lo hicieron posible, no es lo ideal, pero, ¿qué lo es?.

Hoy, en setiembre de 2016 en la Sala Civil se están fijando fechas para la vista de causa durante el mes de octubre de 2016, es decir, entre el ingreso de un proceso en apelación al momento en el que se ve en vista de causa media 1 mes y 10 dás. El año pasado eso fue impensable. La eficiencia mejoró un tanto, es decir, la velocidad del trabajo, y aunque podría mejorar aún, no podremos hacerlo. Esto pese a que este año, respecto al anterior la Sala Civil ha recibido más procesos, a agosto de 2015 los procesos ingresados sumaban 1254, a agosto de 2016 suman 1529.

Este es un tercer año que presido un Tribunal (el año 2012 fue la Sala Mixta de La Convención, cuyo volumen de trabajo – como hoy – no justifica su ubicación – el segundo fue la Segunda Sala Laboral el año 2014 y este, la Sala Civil), nunca se me preguntó durante esos tres, y a principio de dichos años – como corresponde – ¿cómo iba el trabajo y que planes?, tampoco si necesitábamos algo para mejorarlo, aunque debo reconocer que este último año sí se me entregó una invitación, pan de por medio, para una fiesta, pero de allí, a algo de trabajo, planeamiento, organización, etc., nada de nada.  

A fin de año espero que no me juzguen por todo aquello que debí haber hecho, sino por aquello que pude hacer. Sé que por estas reflexiones y opiniones algunas personas se incomodan y molestan, e incluso llegan a ser injustas con las personas con las que trabajo, y sólo el diablo sabe cómo podrán reaccionar a futuro, pues de ellas sencillamente espero lo peor.

Escribo este testimonio de trabajo para dejar constancia de lo hecho a agosto de 2016, en enero de 2017, haré el balance del año. El año pasado logré, al presidir la Segunda Sala Laboral, la mejor producción de dicho año, este año lograré lo propio y gracias a todos quienes laboran en la Sala Civil, porque había sido cierto eso de que Gerente es quien logra resultados mediante la acción de otras personas a quienes les brinda las condiciones para ello, ¿simple, verdad?. Logros como este no se reconocen en la Corte Superior de Justicia de Cusco, como sí cuando se baila o juega (Cf. R.A. N° 1223-2015-P-CSJCU-PJ., del 15 de diciembre de 2015), en fin, soy Juez, lo mío es resolver casos.

lunes, 19 de septiembre de 2016

Después de un incendio

               
Mariana Mould de Pease
Historiadora

El significativo, desde el siglo XVI, templo cuzqueño de San Sebastián se incendió en la madrugada del 15 de septiembre del 2016  ha traído como debe ser un tema de conversación sobre esta tragedia tanto entre especialistas de todas las ramas del saber humano como entre la gente del común ya sean personas pudientes  o de vida austera.  La fuente, el punto de partida, de estas conversaciones son los medios de comunicación sean impresos o virtuales  como en su momento fueron para el caso del incendio del archivo histórico en de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que se inició en algún momento de la noche del 13 al 14 de marzo del 2016 y el incendio ocurrido al amanecer del 5 de junio del 2005 en el Santuario de Nuestra Señora de la soledad que desde el siglo XVI está junto a la iglesia y el convento de San Francisco,  de Lima. En los medios de comunicación, además,  podemos comprobar que en nuestro país también ocurren terribles incendios en casas, fábricas, tiendas y otras edificaciones particulares, que son  propiedad privada sin dudas ni murmuraciones.
 
Los incendios en edificaciones privadas o públicas, religiosas o laicas se deben, evidentemente, a la negligencia o intencionalidad de su entorno humano. Por negligencia aquí entiendo cables eléctricos en mal estado, cocinas, velas, lámparas a kerosene, gas u otros combustibles  encendidos y dejados sin atención humana,  niños y niñas u otros seres humanos que no son conscientes del peligro que implica jugar con fuego.

Por intencionalidad entiendo el prender fuego para tapar la desaparición de obras de arte, documentos, o cualquier evidencia que alberga una edificación. Estas acciones demenciales o delictivas son ejecutadas  por fanatismo religioso o ateo, para ocultar un robo o cualquier otro delito. Los incendios deben prevenirse porque el agua que se requiere para apagarlos causa tantos daños materiales como el mismo fuego. Por prevención también entiendo que el patrimonio cultural  debe estar vigilado día y noche por seres humanos que permanecen alertas.
                                                                     
El incendio de la Biblioteca Nacional del Perú que se inició al amanecer del domingo 10 de mayo de 1943 es un caso emblemático por la magnitud de la tragedia documental, cuya recuperación fue encargada al Dr. Jorge Basadre, el Historiador de la República. En su pequeño gran libro: “En la Biblioteca Nacional. Ante el problema de las “Elites”, publicado en 1968 don Jorge nos ha dejado su primer testimonio sobre las causas, el incendio mismo y la reconstrucción de la Biblioteca Nacional del Perú. En sus últimos años de vida este trágico proceso se convirtió en tema recurrente de conversación con Franklin Pease G.Y. (1939-99), mi esposo, consecuentemente, escribo está líneas para traer este testimonio estatal y gubernamental sobre un fuego que arrasó con nuestro más antiguo recinto del conocimiento para aportar a la reconstrucción y recuperación  de los valores inmateriales que no han desaparecido con la candela que ha acabado con las pinturas barrocas de grandes dimensiones de Diego Quispe Tito feligrés de San Sebastián desde su nacimiento en 1611 hasta su muerte en 1681. Prueba que la espiritualidad y la religiosidad hispano andina está viva entorno a la iglesia de San Sebastián es que arriesgándose a quemarse las y las vecinas rescataron de las llamas los óleos pequeños de este artista así como otras obras de arte de autores anónimos. El altar, ahora en cenizas, fue hecho para la primera evangelización hispano andina siendo consagrado al militar romano que se hizo cristiano en tiempos del emperador Diocleciano (284-305) quien lo martirizó por “asaetamiento” es decir, a flechazos por no renegar de su fe.                                            

En el 2013 la sede cuzqueña del Ministerio de Cultura en representación del Estado Peruano y el Arzobispado del Cuzco, por ser la autoridad privada pertinente restauraron este recinto católico cuya seguridad quedó a cargo de ésta última entidad.  Esta asociación público privada debe ser ahora replanteada desde el sentir del Pueblo de Dios en San Sebastián del Cuzco, por ser el propietario. Hago esta acotación siguiendo a don Jorge Basadre y después de un incendio de patrimonio cultural de magnitud: … Sospecho sin base alguna y sólo como resultado de las serie objeciones  … que la intencionalidad y la negligencia … como posibilidades suscitanque debe haber habido una relación entre el incendio y la tensión que existió en la Biblioteca Nacional, entre el personal y el director ….similar tensión que ahora ocurre sobre el cuidado del arte barroco cuzqueño: ¿trasladarlo a descontextualizadas colecciones privadas o seguir perfeccionando la asociaciones público privadas? Estas líneas van para corregir, mejorar, refinar, reinventar esta última opción, a partir de los valores inmateriales aquí aludidos.

Sigamos…                                                                                                                                                                                                                                                                                   En la edición limeña del diario La República del 20 de septiembre del 2016 informa sobre que ya se procede a la remoción de escombros en el presbiterio y la nace central del templo de San Sebastián del Cuzco que fue consumido en un 80% por el fuego en el amanecer del jueves 16 pasado. Luego pasa a comunicar las decisiones que están tomando las autoridades del Estado para evaluar la magnitud de la pérdida. Este periódico concluye dando testimonio que: En tanto el domingo, un mar humano se concentró en el atrio de la iglesia para escuchar misa y acordar reunir fondos para la reconstrucción.

En estos tiempos de [K]cambio y parafraseando a don Jorge Basadre es momento de tener en cuenta que  … como del carbón sale el diamante  …  es momento de empoderar a este Pueblo de Dios en San Sebastián que acudió a la misa dominical como parte de la gestión de recuperación de esta joya del barroco cuzqueño en términos análogos a como se habla de gestión privada de bienes y medios de producción. El paso indispensable lo tenemos que dar desde dentro de la Iglesia Católica Peruana conforme a las enseñanzas del Papa Francisco en su Carta Encíclica sobre el cuidado de la casa común, publicada en el 2015 cuyo punto capítulo IV, punto 189 dice: La política[cultural] no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia.

Contribuyamos a la recuperación del templo cuzqueño de San Sebastián trayendo y adecuándola al siglo XXI la religiosidad barroca del obispo del Cuzco, Manuel de Mollinedo y Angulo (1640-1699).        

Continuemos ….
                  




domingo, 18 de septiembre de 2016

SISTEMA CONTRACTUAL DEL DERECHO PRIVADO Y RESPONSABILIDAD CIVIL - 2016

CARPE DIEM

Con los alumnos del Curso de Sistema Contractual del Derecho Privado y Responsabilidad Civil, de la Maestría de Derecho Civil y Comercial, de la Escuela de Post Grado de la Universidad Andina del Cusco.


Recuerden: "a veces ocurren cosas malas..."

Cuzco, 2, 3, 4, 16, 17 y 18 de setiembre de 20016

sábado, 17 de septiembre de 2016

La Ley que nadie quiso y el incendio que todos lloran…


Javier André Murillo Chávez

Hay un viejo refrán que nuestros abuelos nos enseñan y que versa así: “siembra tormentas y cosecharás tempestades”. Nada es más aplicable al desgraciado y lamentable evento ocurrido en la iglesia del Distrito de San Sebastián. Me explico. Hace casi un año se produjo la derogación del Decreto Legislativo N° 1198 por presión del pueblo cusqueño bajo la bandera de “el patrimonio no se vende, se defiende”. En su momento, resumí el debate que se produjo, pues yo estaba –y sigo– a favor de concesionar la gestión del patrimonio cultural a privados, con una frase: “vamos a tener patrimonio defendido heroicamente, pero patrimonio muerto”. Y, en efecto, el día 15 de septiembre de 2016 parte de nuestro patrimonio cultural ha muerto. Es importante recordar que mediante la Resolución Suprema N° 2900-72-ED de fecha 28 de diciembre de 1972, publicada el día 23 de enero de 1973, se declaró como patrimonio cultural de la nación a la Iglesia de San Sebastián. Sin embargo, en opinión personal, lo que más duele de la destrucción del templo son los cuadros de Diego Quispe Tito que datan del Siglo XVII; los cuales se encontraban en dicho recinto bajo la protección de, nada más y nada menos, dos de los más ineficientes actores en nuestra Sociedad en estos temas.

La responsabilidad por el incendio de la iglesia de San Sebastián recae en quienes ostentaban propiedad de esta y quienes gestionaban su administración; es decir, en el Estado peruano, como propietario, y en el Arzobispado, como administrador. En palabras sencillas: el Estado y el clero. La pregunta de fondo es la siguiente: ¿Hubiera pasado lo mismo si la Iglesia (y todas las obras que estaban adentro) hubiesen sido gestionadas por un ente privado? La respuesta es probablemente no, pues los privados tienden a cuidar y resguardar aquello que les genera ganancias o rentas, porque sí –en efecto– el privado tiene derecho a cobrar un monto por acceder a lo que se gestiona, pero –con seguridad– parte de ese dinero se destinaría, por ejemplo, a: (i) revisar y controlar que no haya fallas en los cables detrás del atrio principal, los cuales pueden generar incendios; (ii) contratar guardias de seguridad nocturnos, quienes podrán evitar que alguna persona en estado de ebriedad venga a iniciar un incendio o podrían alertar del incendio apenas inicia; o, entre muchas otras cosas, (iii) implementar sistemas de esparcimiento de agua (que estarían siempre en un tanque de reserva, para evitar que no haya agua en el suministro público) en caso de incendios, a la vez que bajan desde las alturas láminas de plástico automáticamente para cubrir las piezas artísticas que se podrían arruinar con el agua; etc. y etc.

Igualmente, en caso sucediera un trágico accidente cuando el privado se hace cargo del recinto y de todo el patrimonio que hay dentro, resulta sencillo identificar a quien no cumplió su deber de cuidado y deberá resarcir al propietario –asumiendo el esquema del Decreto derogado, este sería el Estado– para que él mismo restaure o igualmente contrate expertos para la restauración. Nótese que tenemos claramente a quien culpar por el accidente o evento dañoso. En la realidad, ahora sólo tenemos promesas de restauración de un alcalde a quien le tocó lo peor, que es cargar con la culpa de trágicas y descuidadas anteriores gestiones ediles en materia cultural; a la Iglesia siempre “pobre”, que se excusará diciendo que no tiene fondos para el mantenimiento y, mucho menos, para restauración. Y claro, como si faltara más Estado, ahora el Ministerio de Cultura asume la custodia de la Iglesia generando un fondo de emergencia con un proyecto de inversión pública. Es decir, los responsables ante los ojos públicos no tienen la culpa, cuando en realidad sí la tienen por descuidar el patrimonio. Esto queramos o no admitirlo es gasto de dinero de arcas públicas por descuido propio del Estado, ya sea por responsabilidad directa de no tomar medidas de prevención o responsabilidad indirecta por encargar la gestión del patrimonio a un tercero mucho más ineficiente en temas técnicos como gestión del patrimonio, como lo es la Iglesia. Este dinero pudo dirigirse a otras obras o servicios públicos, tan necesarios en nuestro país. Es lamentable que sigamos creyendo que en temas donde (i) se requiere muchísimo dinero, el cual se cubre muy bien con inversión privada, y (ii) se necesita especialización técnica, que penosamente no tiene el sector público, se busque solucionar todo desde un Estado que ya demostró ser ineficiente y que no puede controlar situaciones como estas. Y lo peor de esta creencia es que se fundamenta en la mentira y la ignorancia que tiene por detrás esa bandera de “quieren vender el patrimonio” que usa el pueblo cuando no entiende algo y ni siquiera hace el esfuerzo de comprender.

Y no, querido lector, no estoy de acuerdo con que todo deba estar en manos del privado. No soy un extremista neoliberal, ni un alienado, ni un demonio de derecha y mucho menos un cusqueño que haya perdido su identidad, tal como me tildaron por defender estas ideas cuando se debatió la derogación del Decreto Legislativo N° 1198. Sólo soy un cusqueño que quiere lo mejor para mi ciudad. Esta es la mejor opción para el patrimonio cultural, no sólo del Cusco, sino de cualquier región de nuestro país. De esta forma, debemos conceder la gestión a privados sólo en aquellos casos donde el Estado ya ha demostrado ser ineficiente, sin remedio alguno; es decir, debemos dejar que el Estado sólo siga luchando por dar lo mejor cuando se trata de servicios públicos donde tiene el deber de garantizar universalidad y mínimo nivel de calidad, como por ejemplo educación y salud. Sin embargo, en casos como el manejo del patrimonio cultural, se tiene que permitir la privatización de la gestión (ojo, nuevamente con la precisión del término, la gestión y no la propiedad). En otras palabras, paisano, no le vendemos nada a nadie; sólo se lo alquilamos para que lo mejore y cobre por eso a quien quiera acceder a ese bien que tanto desprestigiamos en el Perú, llamado Arte y Cultura, para luego estar llorando cuando se cae a pedazos por culpa del propio descuido de nuestro Gobierno y, en el caso particular de San Sebastián, la Iglesia.

Otro “gran” argumento populista es que los cusqueños (y otros ciudadanos) no quieren pagar por entrar a algo que perciben como suyo. Y esto es una llamada de atención al pueblo cusqueño, donde me incluyo. Es hora de despertar y ver que toda esa construcción histórica de nuestra ciudad, incluyendo Machu Picchu, no es solamente nuestra (de los cusqueños); también lo es de los ayacuchanos, los limeños, los piuranos y de todos los peruanos. No está justificado que no paguemos nada por ir a estos lugares o ingresar a los monumentos. Si de verdad crees en el patrimonio histórico, el Arte y la Cultura ¿Por qué no estás dispuesto a pagar, sabiendo que ese dinero irá –al menos, en parte– a la preservación? Lo que es “gratis” termina siendo más costoso a la larga, cuando por tanto desgastar el patrimonio termine perdiéndose. La iglesia de San Sebastián ahora es, tristemente, un ejemplo de esto. Y lo más preocupante es que, justamente, esta iglesia fue restaurada por el Estado hace menos de 4 años, trayendo un gasto público enorme. Querido paisano, amigo lector, ¿Se imagina en qué condiciones estarán las casonas en el centro histórico que también son patrimonio cultural, o el resto de iglesias en el Cusco? Ya ni pensar en las que están alejadas de nuestro centro de capital de provincia.


El Gobierno debe tomar en consideración que la mayoría de monumentos y otros sitios turísticos se encuentran en este deplorable estado de conservación, y que la Iglesia de San Sebastián ha sido sólo el inicio de una sucesiva cadena de pérdidas que se pueden producir si no se toman medidas adecuadas. Lo que no debe perderse de vista es que, en este caso, el problema está focalizado en el gestor, que debe ser privado y no público. Esto debido a la gran cantidad de dinero que representa la conservación del patrimonio y la facilidad en gestión técnica que tendría un privado si sólo se dedica a eso o crea líneas empresariales que solo se dediquen a esto, a comparación del gran Leviatán que quiere tener uno de sus “tentáculos” sobre la cultura, sin darse cuenta que genera más daño que el beneficio que brinda. Hace casi un año por redes sociales, al momento de hablar de las consecuencias de seguir con el Estado como gestor del patrimonio cultural, vaticiné que esto iba a pasar. Ahora sólo espero que se vuelva a proponer una norma que permita concesionar la cultura a privados, con claros límites y haciéndoles responsables, a fin de que cuiden nuestro patrimonio como se debe, para evitar que todos nuestros monumentos, casonas, huacas, iglesias, tambos y otros no terminen cayéndose a pedazos gracias al Estado y otros actores ineficientes, como en este caso, la Iglesia.

viernes, 5 de agosto de 2016

“A Dios rogando…”


Fernando Murillo Flores

El día 4 de agosto, día del Juez, como todos los días, llegué al trabajo y me indicaron que había un “comunicado” (aviso) pegado en algunas paredes del Palacio de Justicia, sede de la Corte Superior de Justicia de Cusco, cuyos destinatarios eran sus trabajadores – entre los cuales me encuentro – y que establecía que la asistencia a una misa católica de acción de gracias por el día del Juez, era obligatoria. Sencillamente no creí que tal aviso tenía ese tenor y como alguien dijo por allí “ver para creer”.

Deje mis labores por un rato – en otros tiempos y para alguien eso sería abandono del puesto de trabajo – y salí a ver si el aviso de marras era tal cual me habían dicho que era y, en efecto, visto y leído el comunicado no me quedó sino que creer, cual herida en el costado del crucificado. Como la memoria es frágil y a veces traicionera, sino pregúntenselo a quien no solo no lo reconoció, sino que lo negó luego de la última cena, le saqué una foto al comunicado y lo trascribo:

“COMUNICADO.
La Comisión de Apoyo a la Celebración del DÍA DEL JUEZ, comunica al Personal Jurisdiccional y Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Cusco, la asistencia obligatoria, a la MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR EL DÍA DEL JUEZ, celebrado por el Excelentísimo Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, a llevarse a cabo, el día jueves 04 de agosto del presente, a partir de las 09:30 a.m.” (la negrita y el subrayado son de origen)

Y, como siempre, aparecen en el comunicado dos sellos y unas rúbricas en ellos (uno de los sellos, de la “Oficina de Imagen Institucional, Prensa y Protocolo” y, el otro, de “Personal”), aunque también se menciona una “Comisión de Apoyo…”, sin el nombre de quien proviene la obligatoriedad, lo cual es común, pues en los avisos y comunicados de ese tipo siempre  se dice: La Presidencia, La Gerencia, La Comisión, El Comité, La Oficina…, Personal, etc.

Quienes así emiten órdenes y disposiciones – no personales e impersonales, harían bien en leer historia y encontrar en ella el gesto del General Eisenhower, que por escrito – ante un posible fracaso – expresó que la orden del desembarco el día “D” fue suya y, como única justificación del momento, que la decisión se basó en la mejor información de la que disponía. Ike, nunca dio la orden con un aviso o comunicado suscrito por “La Comandancia Suprema de las Fuerzas Aliadas de Occidente” o por “El General”. Él, con nombre propio, asumió la responsabilidad de la orden, cuando aún no sabía si iba a ser un éxito o un fracaso, aunque para la humanidad siempre fue una derrota.

Bueno, comunicar al personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia del Cusco, que la asistencia a una misa católica es obligatoria es una infracción al artículo 45 de la Constitución, pues aunque no se sabe de quién es la disposición, ella proviene de un funcionario, autoridad o empleado público que colisiona con un derecho reconocido como tal en nuestra Constitución:

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.” No sabían de esto La Comisión de Apoyo…, La Oficina de… y Personal.

En la Corte para la que laboro no existe un censo de su personal (instrumento de gestión) que, entre otros datos como son el número de trabajadores, regímenes y sub regímenes laborales, sexo, edad, educación, instrucción, especialidad, nos diga que religión profesan o si no profesan alguna, pues de sólo haber un trabajador no católico, sería motivo suficiente para no obligar a asistir a un oficio religioso católico. El sentido común nos dice que debe haber trabajadores de otros credos religiosos. Ante la ausencia de un instrumento de gestión de esa naturaleza, no podían ser cautos La Comisión de Apoyo…, La Oficina de… y Personal, y evitar semejante disposición, pues a mí me consta que existen trabajadores y magistrados de credos distintos al mío.

Las personas no sólo tienen libertad de credo, que implica que una persona puede profesar cualquier religión, sino que existen otras que sencillamente no son creyentes, es decir, no creen en Dios. Entonces, un comunicado como el trascrito, explicable sólo en la época del oscurantismo medieval, colisiona con otro derecho Constitucional:

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…). 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:  a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe.”

Si la Constitución consagra la libertad en esos términos, no puede existir razón alguna, mucho menos una ley que haga obligatoria la asistencia a una misa católica, a quien no cree en el supremo hacedor - como se gusta decir -. No sabían de esto La Comisión de Apoyo…, La Oficina de… y Personal.  

Todos los días vemos acciones de violencia contra los derechos de las personas, sean hombres o mujeres, y nos rasgamos las vestiduras, nos indignamos, hacemos discursos y marchamos; el comunicado que comentamos es una más de estas violaciones de las que son objeto las personas, esta vez en su dimensión laboral, en el marco de una relación de trabajo que, por si acaso no lo saben La Comisión de Apoyo…, La Oficina de… y Personal, existen derechos constitucionales, entre los que esta la libertad de credo o la libertad simplemente de no creer en alguna divinidad.         

A mí me queda claro que ésta es una estación más en un rosario de arbitrariedades, donde nunca debieran existir (una Corte de Justicia), pues así como fui censurado en mi derecho a la expresión y opinión, ahora se violenta el derecho a la libertad de quienes no son creyentes, el derecho a la libertad religiosa de quienes no son católicos o, simplemente, de quienes no desean ir a una misa católica, como es mi caso, pues considero que una Corte de Justicia es sede de justicia humana, no divina; de justicia laica y no religiosa, debido a que quien acude a ella tiene la esperanza en la justicia humana, no en la divina, para ella existen las iglesias. Empiezo a creer que la arbitrariedad es más femenina que nunca.


El mundo está sangrando hoy por razones religiosas, muchas veces los atentados se originan cuando las personas de otros credos son dañadas por acciones u omisiones de quienes no las toleran... parece que La Comisión de Apoyo…, La Oficina de… y Personal no están al corriente de las noticias, pese a que es información posible de ser conocida, al igual que nuestra Constitución que muchos creen conocer.     

domingo, 31 de julio de 2016

COMENTARIOS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30364 (1)


Fernando Murillo Flores

Luego de un tiempo considerable y cuando ya existía mucha expectativa, por fin se publicó el D.S. N° 009-2016-MIMP (El Peruano 27 de julio de 2016), que aprueba el Reglamento de la “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” (Ley N° 30364). En nuestra opinión este reglamento tiene algunas deficiencias respecto a la ley en temas procesales relacionados a las medidas de protección y medidas cautelares. Este Reglamento genera en nosotros los siguientes comentarios procesales que sólo son ideas preliminares:

I.     Medidas de Protección y Medidas Cautelares.

El Art. 16 de la Ley establece que luego de presentada una denuncia de violencia familiar, el Juez de Familia lleva a cabo una Audiencia Oral y escuchados los hechos puede emitir: i) medidas de protección y, ii) medidas cautelares (de oficio o a pedido de la víctima). Luego de la realización de esta audiencia el caso pasa a la Fiscalía para presentar la denuncia correspondiente ante el Juez Penal.

El Juez Penal, ante las medidas de protección emitidas por el Juez de Familia puede: i) ponerles término cuando la sentencia es absolutoria; ii) su continuidad o modificación cuando la sentencia es condenatoria. En cuando a las medidas cautelares emitidas por el Juez de Familia, éstas cesan cuando la sentencia es absolutoria y, no cesan si las mismas – al margen de la decisión del Juez Penal – si fueron confirmadas por la instancia superior del juzgado de familia, ante una impugnación. Lo anterior nos llevó a concluir, en un trabajo anterior[1] y en el marco del Art. 20 de la Ley, que las medidas de protección eran inimpugnables o, de ser impugnadas, la concesión de la apelación debiera serlo con la calidad de diferida, aunque lo correcto era lo primero, pues si el Juez Penal decidiría su suerte (continuidad o modificación) o su término se produjese porque la sentencia era absolutoria, carecería de objeto impugnarlas. No obstante y como lo vemos más adelante, el Reglamento no distingue lo anterior y considera que tanto la medida de protección como la medida cautelar son apelables. Esta ausencia de distinción en el Reglamento no podrá convertir – desde nuestra perspectiva – en apelable la decisión de concesión de medidas de protección, salvo que y haciendo una concesión, dicha apelación sea diferida.

II.   La Apelación.

El Art. 42 del Reglamento establece que, tanto la víctima como el procesado, tienen el derecho de apelar las medidas de protección o cautelares. En cuanto a la oportunidad, la víctima puede apelar en la audiencia misma o dentro de los tres días de notificada la resolución que resuelve sobre la medida de protección o cautelar; el procesado, que no siempre asiste a la audiencia, puede apelar en las mismas oportunidades que la víctima. En todo caso, la apelación se concede sin efecto suspensivo, esto quiere decir que tanto la medida de protección y cautelar se ejecuta.

Debemos reparar que el dispositivo que comentamos establece que se apelan, tanto la medida de protección como la medida cautelar, con lo cual no estamos de acuerdo por las razones ya expuestas, pero así viene el Reglamento, lo que quiere decir que si se apela la decisión de conceder una medida de protección, la misma deberá admitirse, empero ¿ante quien se eleva la apelación?

III.     El trámite de la apelación.

Ingresado el cuaderno de apelación, el Tribunal, dice el Reglamento en su Art. 43.3 “(…) comunica a las partes que los autos están expeditos para ser resueltos. La resolución definitiva que decide la apelación se expide dentro de los cinco días siguientes después de formalizado el acto precedente.” El dispositivo establece, entonces, un plazo de cinco días para resolver la apelación, desde que ingresa el cuaderno, hasta que se emite la resolución que le ponga fin a la apelación.

Quien estableció ese plazo fue optimista, sobre todo si además estableció que el Tribunal antes de resolver – en ese plazo de cinco días – debe remitir el cuaderno a la Fiscalía para que ésta emita su “(…) dictamen previo a la resolución definitiva dentro de las cuarenta y ocho horas de recibido el expediente.” (Art. 43.4). Dos cosas, si ese plazo concedido a la Fiscalía forma parte del plazo que tiene el Tribunal para resolver, el plazo será incumplido, de seguro, no sólo por la Fiscalía sino por el Tribunal y, si ese plazo no forma parte del plazo que tiene el Tribunal, entonces los diez días ya no son diez, sino tantos más días se empleen en remitir y devolver el cuaderno, y aquellos días que el Fiscalía emplee en dictaminar. En fin, los plazos, en muchos casos, están hechos para no poder cumplirlos, más si se tiene en cuenta – en este caso puntual – el apoyo logístico para el transporte de los cuadernos del Poder Judicial a la Fiscalía y viceversa.

El Art. 43.5 estipula que en segunda instancia “(…) no procede informe oral, ni ninguna otra actividad procesal.” Aunque dice el dispositivo “(…) de manera excepcional, el Superior puede citar a las partes o a las abogadas o los abogados a fin de que informen o respondan sobre cuestiones específicas.” Sin duda, si ello ocurre tendría que citarse a una audiencia, y luego del dictamen Fiscal, lo que hará que el plazo se amplíe y de hecho el plazo legal para resolver se dilate con esta previa audiencia, pues el dispositivo termina expresando: “En este caso, la resolución definitiva que resuelve la apelación se expide dentro de los cinco días después de esta diligencia.” Lo anterior es excepcional, pero muchas veces, podría tornarse en un medio para escapar del plazo para resolver, esperemos que no sea así.

Otro factor que puede dilatar el proceso es que en segunda instancia el Tribunal se percate que la víctima no cuenta con asesoría legal, lo que determinará que se proceda conforme al Art. 44 del Reglamento y se comunique tal hecho al servicio de asistencia jurídica gratuita y defensa pública. En conclusión el plazo legal establecido para resolver la apelación en segunda instancia es poco menos que ilusorio. Pese a ello existe la posibilidad de realizar algunas medidas de procedimiento que pueden optimizar  

IV.    Una anotación final, sobre las medidas cautelares.

El Art. 16 de la Ley establece que el Juez, de oficio o a pedido de parte, puede emitir medidas cautelares “(…) que resguardan pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas.”. El Reglamento expresa en su Art. 39.2 estipula “En razón a la temporalidad de las medidas cautelares, la víctima, antes de la expedición de la sentencia penal o del Juzgado de Paz Letrado, puede plantear ante el Juzgado competente las pretensiones civiles de fondo. (…)

Tal vez esto sea lo más sensato que tiene el Reglamento, en concordancia con la Ley: la medida cautelar que el Juez de Familia emita en la Audiencia, en el marco del artículo 611 del Código Procesal Civil, requiere de una pretensión principal. Pero esto dejémoslo para una segunda parte.